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El
agua, ese bien tan
escaso cuya
posesión genera
rencillas y querellas.
Si desde antiguo, ya lo
vimos la semana pasada,
se reivindicó el
trasvase de otras
cuencas, más
todavía se
aseguró la poca
que trascurría
por el lecho del
Vinalopó, un
curso fluvial tan pobre
que no tenía ni
nombre. En el siglo XV
las autoridades de
Barcelona, ciudad
señora de la
«vila d´Elx i
castell i lloc de
Crevillent» se
referían a
él como el
«riu o fluvi qui
passe per la terra del
comte (el
Vinalopó
Mitjà) e lo qual
ve en la dita vila
d´Elig e en los
térmens
d´aquella».El
poderoso Eiximèn
Peres Roís de
Corella, conde de
Cocentaina, era el
señor del curso
medio del
Vinalopó. Aspe
(Asp o como se
escribía entonces
Azp) era un pueblo de
población
sarracena que
pertenecía al
conde y que pleiteaba
con Elche a causa de su
vecindad desde tiempos
lejanos. Aunque en
término de Elche,
existía un molino
harinero en el cauce del
río, alimentado
por un azud que
utilizaban los de Aspe
para moler su grano,
pero que privaba a los
de Baix Vinalopó
de dos terceras partes
del agua del río.
Ya pueden imaginar, en
tierra tan sedienta, las
tensiones que aquella
situación
generaba, aunque se
tratase del agua salobre
del Vinalopó. El
Consell ilicitano, que
no las autoridades de la
baronía,
decidieron comprar el
molino, pues se
encontraba en
término de la
«vila», como
así se hizo, para
poco después
demolerlo. Y ya tenemos
el lío armado,
pues los vasallos del
conde protestaron ante
su señor y
éste presto se
dispuso a litigar con
los de Elche ante los
«consellers»
de Barcelona, para lo
cual el conde no
dudó en exhibir
su condición de
ciudadano de la ciudad
condal.
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Pero
el conde, hombre de
acción, no se
quedó sólo
en la protesta y
pasó a los
hechos. Un
«Memorial de casos
o enfractes seguits en
lo terme d´Elig e
de
Crivillén»
enviado por el
procurador de la
baronía a los
«consellers»
barceloneses nos indica
que en 1452 «lo dit
comte, officials e
vessalls» tomaron
por la fuerza -«no
tement Déu ne la
Sacra Majestad del
senyor Rey»- el
antiguo molino y
repararon el azud, por
lo cual
«s´és
esmunyida e perduda les
tres parts e pus de la
dita ayga».
Obviamente el pleito
estalló, que no
era el primero ni
sería el
último, que las
correrías de los
vasallos del conde se
generalizaron por todo
el Baix Vinalopó
ante la actitud pasiva
de las autoridades
barcelonesas
-sólo el
procurador Francí
Bussot osó
plantarles cara- que
procuraban no
soliviantar a tan
importante señor,
valido de Alfonso V (III
de Valencia) «el
Magnánimo»,
verdadero soberano del
Mediterráneo
occidental tras su
entronización en
Nápoles.
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Y
es que por entonces
Valencia,
Cataluña y
Aragón eran una
potencia europea, capaz
de sentar papas en Roma,
y si ofrendaban glorias
eran a ellos mismos y no
a los vecinos de
poniente. Pero
situación
internacional aparte, la
importancia de un
personaje como el conde
de Cocentaina asentado
patrimonialmente en el
sur valenciano redundaba
en el gobierno de la
gobernación
meridional del Reino, a
donde los ilicitanos se
dirigieron en primera
instancia, aunque en
vano, para resolver el
pleito.
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El
conde de Cocentaina
exigió a
Barcelona la
reparación de los
desperfectos, valorados
en 350 florines, o sea
3.830 «sous»
valencianos para
construir otro molino en
otro lugar. Finalmente,
Pere de Relat,
procurador de la
baronía
ilicitano-crevillentina
y los
«consellers»
barceloneses aprobaron
la donación de
esa cantidad en aras de
la paz en aquellas
tierras, pese a que la
posibilidad de construir
un nuevo molino con el
correspondiente azud,
aunque fuese en otro
lugar, no debió
agradar al Consell
ilicitano. Pero en todo
trámite, como
hoy, hay que disponer de
donde saldrían
esas cantidades. La
propuesta barcelonesa
fue que se asumiese de
la deuda que Elche
contrajo por la
adquisición de
armas para hacer frente
a una supuesta
invasión
granadina en 1451, o sea
300 florines, y los
restantes de la
comunidad sarracena
ilicitana, que durante
todo el pleito no
había contribuido
al mantenimiento de los
abogados.
Sorprendentemente, se
debían 350
florines, pero Elche ya
llevaba gastados 600 en
asesoría
jurídica (ya se
sabe, quien se mete en
abogados...).
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Pere
de Relat presentó
su informe en el Consell
de Trenta (uno de los
órganos rectores
de Barcelona) el 7 de
mayo de 1454, que lo
aprobó en los
términos que
hemos visto. No
obstante, el pago se
retrasó
«sine die», se
trató por los
«consells»
barceloneses de nuevo en
1455, y desconocemos si
alguna vez llegó
a efectuarse, al menos
no ha quedado rastro en
la documentación
que lo acredite. Las
tensiones con el conde
de Cocentaina y su
vasalla Aspe
continuaron, agravadas
tras el 1456 cuando el
rey reclamó la
luición (la
reversión a la
Corona) de Elche y
Crevillent, aprobada en
un primer momento por el
ahora Consell de
Trenta-dos, aunque
finalmente no
llegó a
materializarse. La
situación de
desgobierno de la aljama
ilicitana y el
intervencionismo en ella
del que hacía
gala el conde
provocó nuevos
roces,
prácticamente
hasta el final de la
presencia barcelonesa en
la capital del Baix
Vinalopó
(1460).
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Proveer
a Elche de agua, una
preocupación
constante de los
gobernantes ilicitanos
para paliar un mal
endémico, que
incluso vieron
amenazados los caudales
del Vinalopó. El
azud de la discordia con
el tiempo se
olvidó, pero la
necesidad hizo que se
construyese otro de
más grandes
dimensiones en el siglo
XVII, terminado en 1640,
en el lugar llamado El
Castellar de la Morera,
el pantano ilicitano que
aún se mantiene
en pie. Una obra que
costó 12.000
libras valencianas y que
finalmente no
respondió a las
necesidades de
población y
regantes. Por eso que en
1668 se propusiese de
nuevo la posibilidad de
traer las aguas del
Júcar, para lo
que Elche tanto
empeño puso.
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