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MONOGRAFICOS/
OPINION
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-URBANISMO
Y
EURODIPUTADOS
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-Articulo:
Jose Joaquin Belda
Gonzalvez
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Es
conocido que diputados
del Parlamento Europeo
visitan nuestra
Comunidad y otras del
territorio nacional, a
fin de esclarecer
diversas
anomalías de
cierta gravedad que
están afectando a
intereses y personas
nacionales y residentes
extranjeros.
Tropelías como
indefensión ante
urbanizadoras protegidas
por disposiciones
legislativas de la LRAU,
promulgada por el PSOE,
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así
como estafas
por ventas de
propiedades sin
licencia de
obras que
irremisiblemente
se han visto
demolidas, con
carencias de
servicios de
luz y agua,
etcétera.
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Bien,
pues estas visitas que
no tienen otro objeto
que observar y proponer
medidas legislativas de
carácter europeo
(¿o no somos ), que
subsanen en lo posible y
que ayuden a recuperar
el prestigio que nuestra
profesión y
actividad merecen, pues
nuestro país es
lugar de residencia a la
vez que de muchos
españoles
también de otros
países. Sorprende
que varios cargos
públicos del PP y
empresariales arremetan
desmedidamente contra
estos diputados europeos
electos por nosotros con
una falta de respeto y
consideración
absoluta entre
improperios y
descalificaciones entre
ellos al propio
presidente de la
comisión de
peticiones del
parlamento de tendencia
conservadora por cierto
como el PP, los cuales
manifiestan claramente
que no vienen de
vacaciones sino a
realizar un trabajo
justo y necesario (como
se puede comprobar con
una superagenda de
trabajo sin poder llegar
a todas las citas y
reclamaciones),
respaldado por el
Parlamento europeo y
solicitado por muchas
agrupaciones de todo
carácter,
vecinal, propietarios,
ecologistas,
etcétera. Y como
principal impulsora la
Asociación Abusos
Urbanísticos No,
respaldada en sus
propuestas de forma
teórica por la
Síndica de
Greuges y la
Asociación
Progresista de Jueces
para la Democracia que
manifiestan la enorme
cantidad de
irregularidades que
existen en el sector y
la necesidad de
esclarecerlas para
aportar las
máximas
garantías de
protección a los
ciudadanos y al
interés general.
Un crecimiento
sostenible y regulado
del medio ambiente al
que debería
integrarse respectivos
informes vinculantes de
los colegios
profesionales de
arquitectos y de
geógrafos
mejorarían, desde
luego, la
democratización
del
urbanismo.
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Nuestra
Comunidad Valenciana se
defiende y se prestigia
con legislaciones de
carácter europeo
homologadas por
ésta, se ha
estado reivindicando por
la sociedad
española nuestra
integración plena
en las instituciones
europeas como modelo
social y progresista en
defensa de la democracia
y los derechos
universales y ahora un
grupo de
políticos faltos
de talante
democrático y
europeísta se
atreven a denostar a
éstos sin otra
justificación que
tacharlos de
partidistas, cuando
están visitando
entre otras ciudades
Catral, gobernada por el
PSOE y justamente
retiradas las
competencias por nuestra
Generalitat, la
mayoría de
desmanes son creados por
la LRAU, promulgada por
los mismos a pesar de
que expertos juristas
les advirtieron que
efectivamente -como ha
ocurrido actualmente-
existían
indefensiones
evidentes.
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No
es congruente que
asociaciones
profesionales se
manifiesten en sentido
contrario de la visita
de los eurodiputados,
pues entre la propuesta
importantísima
que tienen requerida a
la Generalitat
Valenciana son la
inclusión en la
nueva LUV la
adaptación de la
nueva ley a la libre
concurrencia de empresas
privadas o
públicas en
igualdad de condiciones
en todos los PAI con las
pertinentes publicidades
de máxima
transparencia, y la
separación de los
diferentes agentes
urbanísticos,
urbanizadoras,
promotoras,
constructoras,
etcétera.
Ejemplos los hay y
muchos de
designación
arbitrarias que
concentran los
desarrollos de los PAI
en empresas
públicas como
Pimesa en Elche que
pretende de nuevo
autoadjudicarse
incomprensiblemente todo
el nuevo PAI de
Carrús Este, en
perjuicio de otras
empresas competitivas,
perjudicando de esta
manera la libre
competencia del sector y
a los mismos
propietarios
negándoles el
derecho de recibir otras
ofertas.
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Por
otra parte, el
Parlamento europeo a
través de esta
comisión
también ha
comunicado al Gobierno
español del PSOE
en este caso y
además
coincidiendo plenamente
con el PP, que la nueva
reforma de la ley del
suelo estatal vuelve a
crear indefensión
sobre el pequeño
propietario al valorarle
la posible
expropiación a
precio inicial a pesar
de que con la nueva
recalificación se
incrementan
gravámenes de
diversa índole y
estar expuesto a
expropiaciones abusivas
por parte de la
Administración o
de agentes privados, al
igual que ocurrió
con la LRAU, se vuelve a
empezar con los mismos
errores.
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Para
eso vienen nuestros
parlamentarios europeos
porque son
también
«técnicos»
y con experiencia, y
aquí parece que
no nos enteramos. No
obstante, en este orden
de cosas, también
parece lamentable que un
macro plan como el de
Rabasa en Alicante que
implica a más de
15.000 viviendas en el
entorno y nuevo
crecimiento de la
ciudad, se apruebe fuera
de un Plan General de
Ordenación Urbana
y carezca de la
visión y la
proyección que un
estudio global del
crecimiento y con la
perspectiva de su
integración en la
ciudad permite
éste, y la
consideración que
tal concentración
en pocas manos perjudica
al resto de agentes del
sector. Lamentablemente
los arquitectos del PGOU
han sido cesados por su
oposición al Plan
Rabasa, por contra el
PSOE, con sus candidatos
a la Alcaldía y a
la Generalitat le hacen
guiños al
«macroplán»,
y es más,
incorpora en sus
primeras listas
casualmente al que
durante muchos
años ha sido
abogado urbanista y
asesor del principal
promotor del proyecto.
Apañados
estamos.
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