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MONOGRAFICOS/
ARTICULOS
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¿NUEVA POLITICA DEL
AGUA?
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Miguel
A. Pavon
Garcia---Amigos
de los Humedales del Sur
de
Alicante
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El
pasado día 8
asistí a la
conferencia que la
ministra de Medio
Ambiente, Cristina
Narbona,
pronunció en el
salón de actos
del Club INFORMACION
bajo el nombre de
«Una nueva
política del agua
para la España
del siglo XXI».
Tras la conferencia,
muchas de las
intervenciones del
público asistente
se centraron en
denunciar ante la
ministra la
destrucción del
territorio causada por
la proliferación
incontrolada de
urbanizaciones
turísticas.
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Unas
urbanizaciones que,
evidentemente, para poder ser
viables necesitan tener
garantizado su abastecimiento
hídrico.Desde AHSA venimos
denunciando durante los
últimos años que el
proyectado trasvase del Ebro,
ahora derogado por el actual
Gobierno central, tenía
como objetivo fundamental
garantizar el abastecimiento
hídrico a la enorme
operación especulativa que
pretende invadir con innumerables
urbanizaciones turísticas
y campos de golf buena parte de
las comarcas alicantinas,
murcianas y almerienses. Comarcas
todas ellas
«agraciadas» con un
benigno clima que al parecer
atraería masivamente a
miles y miles de jubilados centro
y norteuropeos que
vendrían a gozar de un
supuesto retiro de oro en forma
de vivienda turística
adosada al correspondiente campo
de golf. Pero ese benigno clima
adolece de un pequeño
defecto: no llueve lo suficiente
como para garantizar, desde el
punto de vista del abastecimiento
hídrico, la viabilidad de
la operación
proyectada.
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Una
operación que estamos
intentando cuantificar de forma
aproximada en las comarcas de
Alicante mediante un estudio que
hasta el momento, y sin ser
exhaustivos (seguramente se nos
escapan muchos miles de viviendas
y algunos campos de golf), arroja
la cifra de 430.000 nuevas
viviendas y de unos 30 nuevos
campos de golf que se
construirían durante los
próximos años a
corto y medio plazo. Esa cifra
equivaldría a una
población de un
millón y medio de
personas, a un consumo
hídrico de al menos unos
120 hectómetros
cúbicos anuales, y a una
ocupación del territorio
de en torno a 15.000
hectáreas (150 millones de
metros cuadrados). Toda una
apuesta por la insostenibilidad,
no sólo ambiental, sino
social e incluso, a largo plazo,
económica.
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De la
conferencia de la ministra
saqué la inquietante
conclusión de que en
principio, el Ministerio no va a
negar el agua a esos nuevos
desarrollos urbanísticos
si esa agua puede suministrarse,
en buena parte gracias a las
nuevas desaladoras previstas.
Unas desaladoras incluidas en el
Programa Agua que pretenden
garantizar, junto a otras medidas
como la reutilización y el
ahorro, el suministro a la
Comunidad Valenciana, Murcia y
Almería de
prácticamente el mismo
volumen de agua que se
pretendía traer desde el
Ebro. Creemos que una nueva
política del agua en
nuestras comarcas no ha de
basarse nunca en garantizar una
oferta «ilimitada» de
agua (una idea de oferta
ilimitada que puede subyacer en
la desalación de agua
marina), sino que ha de partir
necesariamente de una profunda
imbricación entre
planificación
hídrica y
ordenación del territorio,
estableciendo límites al
actual proceso de
urbanización masiva que
estamos sufriendo.
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De nada
sirve en nuestras comarcas
cambiar el agua del Ebro por el
agua de las desaladoras si al
final el resultado va a ser el
mismo, es decir, la masiva
ocupación
urbanística de un
territorio ya bastante degradado
en la actualidad por los procesos
de urbanización ya
consumados. Aunque efectivamente
el Ministerio de Medio Ambiente
no es competente en materia de
ordenación del territorio,
sí debería al menos
limitar la masiva
urbanización del
territorio que propician nuestros
ayuntamientos y la Generalitat
Valenciana mediante una
reducción de las
previsiones de generación
de nuevos caudales procedentes de
la desalación. Una
desalación que, por otra
parte, no es inocua
ambientalmente, ya que puede
generar en determinados casos
impactos ambientales de
consideración en nuestros
ecosistemas litorales (zonas
húmedas, comunidades
bentónicas submarinas) y
que puede igualmente aumentar de
forma importante nuestra demanda
energética si se implanta
a gran escala en un corto espacio
de tiempo, tal y como se
pretende, al menos en principio,
por parte del
Ministerio.
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Querría
ahora destacar dos
consideraciones de la ministra
realizadas en el contexto
territorial de la cuenca del
Segura que realmente me dejaron
perplejo. Por un lado la ministra
se refirió a que los
cambios en el uso del suelo
durante los próximos
años se van a producir en
el sentido de que suelos
actualmente de uso
agrícola de regadío
van a ser urbanizados para acoger
viviendas, con lo que, afirmaba
la ministra, conseguiremos
ahorrar agua y liberarla para
otros usos, ya que las viviendas
consumen menos agua que la
agricultura de regadío. La
segunda consideración de
la ministra giraba en torno a los
primeros campos de golf que la
actual Confederación del
Segura previsiblemente va a
autorizar en Alicante,
concretamente en la Vega Baja,
uno de ellos (campo de golf del
sector PAU 21 de Orihuela) en un
enclave tan valioso y singular
ambientalmente como la Sierra de
Escalona y la Dehesa de
Campoamor. La ministra dijo que
los campos de golf que se
plantean sobre terrenos
actualmente dedicados al uso
agrícola de regadío
(en concreto cultivos
citrícolas),
también van a permitir
liberar caudales para otros usos,
ya que el césped del golf
consume menos agua que los
cultivos, aunque a la ministra se
le olvidó mencionar que
junto al campo de golf de turno
suelen proyectarse algunos miles
de viviendas cuyo consumo de agua
también hay que incluir en
el balance. En definitiva, la
ministra parecía apuntar
una «curiosa»
solución al déficit
hídrico de la cuenca del
Segura: construir viviendas y
campos de golf sobre suelo
agrícola.
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Finalmente,
querría concluir estas
líneas con la sospecha de
que pueda existir un cierto pacto
entre el Gobierno central y los
gobiernos autonómicos de
la Comunidad Valenciana y de
Murcia en el sentido de que si
dichos gobiernos
autonómicos dejan al
Gobierno central ejecutar su plan
de desaladoras alternativas al
trasvase del Ebro, el Gobierno
central suministrará a las
operaciones urbanísticas
propiciadas y amparadas por
dichos gobiernos
autonómicos el agua
desalada que precisen.
Sinceramente espero estar
equivocado.
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Articulo:
Miguel A. Pavon
Garcia--
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